Abuelas de Plaza de Mayo impulsó las normas tratadaas en Diputados.

Con 176 votos a favor y 1 en contra, la Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado el proyecto que contempla la participación de las agrupaciones de Derechos Humanos como partes querellantes en procesos judiciales que investigan delitos cometidos durante la última dictadura militar.

El oficialismo intentó debatir el paquete de tres leyes, que si bien fueron presentados por el Ejecutivo nacional, llevan el sello de Abuelas de Plaza de Mayo que desde hace años reclama un mayor acompañamiento legal en la búsqueda de los hijos de desaparecidos apropiados durante la dictadura. Pero un sector crítico de la oposición no facilitó los dos tercios necesarios para tratar sobre tablas una de las iniciativas sin haber transcurrido el plazo reglamentario desde la emisión del dictamen: se trata de la idea de llevar la creación del Banco de Datos Genéticos a la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, que quedó para la próxima sesión.

Las iniciativas fueron presentadas por el Gobierno después de una audiencia de mediación entre las Abuelas y el Ejecutivo nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en septiembre pasado. En esa instancia de “solución amistosa”, el Estado prometió impulsar distintas herramientas en pos de garantizar el derecho de las abuelas y de los nietos a conocer la verdad. En ese marco, retomó algunas propuestas elaboradas en 2008 por el organismo. Dos de las cuales intentan regular aspectos vinculados con los delitos de lesa humanidad que escapan del actual Código Procesal Penal, como la obtención de muestras de ADN para identificar a imputados y víctimas y la posibilidad de que los organismos de derechos humanos sean aceptados como querellantes.

El proyecto de ADN tomó trascendencia pública con las polémicas declaraciones de la jefa de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, que vinculaban la iniciativa con la pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín. Frente a las cámaras, la diputada electa consideró al proyecto como “fascismo puro, una ley de persecución que viola los derechos humanos para una venganza personal” y que “tiene nombre y apellido, los hijos de la señora Herrera de Noble”.

Sin embargo, la idea no tendría ninguna incidencia en la causa que investiga el origen de los hijos adoptados, en 1976 y de manera irregular, por la dueña del multimedio Clarín. La herramienta del allanamiento, de la que habla el proyecto de ley, ya fue avalada en este expediente por la Cámara de San Martín. En un fallo de septiembre pasado, ese tribunal hizo alusión a la resolución de la Corte Suprema de Justicia que, en el expediente “Prieto”, habilitó los métodos alternativos al de la extracción de sangre.

A raíz del fallo del máximo tribunal, que estuvo en espera durante casi tres años, las Abuelas definieron presentar el proyecto que regula la obtención de ADN. De hecho, la resolución de la Corte está firmada el 11 de agosto y el texto del Ejecutivo entró a la Cámara de Diputados exactamente un mes después.

A lo largo del país son más de cien las causas penales que investigan el verdadero origen de quienes fueron arrancados de los brazos de sus madres, secuestradas y luego desaparecidas. Las decisiones de los jueces en cuanto a la extracción de sangre para develar la identidad de los jóvenes son disímiles y sólo en algunos casos se ordenan allanamientos para buscar las muestras genéticas en objetos personales.

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