Problemas. Para el letrado, la Presidente tiene que ser embargada preventivamente hasta cubrir esa cifra “en atención a la verosimilitud del derecho y peligro en la demora emergente de autos”. (DYN)

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Problemas. Para el letrado, la Presidente tiene que ser embargada preventivamente hasta cubrir esa cifra “en atención a la verosimilitud del derecho y peligro en la demora emergente de autos”. (DYN)

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El escándalo de los medicamentos truchos no sólo generó una indignación general, acompañada de intervenciones a obras sociales y capos sindicales en la mira de la Justicia. Ahora parece asomar una avalancha de juicios. El abogado Gregorio Dalbón tomó la posta legal e impulsó este jueves una "acción de clase" en contra de Cristina Kirchner y el Estado Nacional.

La acción de clase es una figura creada por la Corte Suprema para que una sentencia tenga efectos en todos los ciudadanos que padecen un mismo problema, sin necesidad de tener que iniciar un juicio.

Dalbón pide 2.000 millones de pesos como resarcimiento por la "gran cantidad de damnificados que han consumido medicamentos adulterados, produciéndole a estos graves daños a su salud".

El escrito, de siete páginas, fue presentado ante el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide, quien investiga a Néstor Lorenzo, dueño de Laboratorios San Javier, por su presunta responsabilidad en la fabricación y distribución de drogas adulteradas.

"En atención a la existencia de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, en el caso, gran cantidad de damnificados han consumido medicamentos adulterados, produciéndole a estos graves daños a su salud, conforme la pesquisa de autos, se promueve la presente class action", explicó Dalbón en su presentación.

La medida apunta "contra la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y/o Estado Nacional–Ministerio de Salud, y/o los que resulten responsables por los daños punitorios producidos a raíz de la comercialización de remedios falsificados y adulterados, por la suma de 2.000.000.000 de pesos, o lo que, en más o en menos, resulte de la prueba a producirse".

Para el letrado, la Presidenta y el Estado tienen que ser embargados preventivamente hasta cubrir esa cifra “en atención a la verosimilitud del derecho y peligro en la demora emergente de autos”.

Gregorio Dalbón emergió públicamente como abogado especialista en representar a las víctimas de accidentes de tránsito y fue uno de los primeros en considerar estos temas como “una cuestión de Estado”. Entre los casos que llevó adelante se encuentra el accidente de Paola Andrea Ricail, quien murió atropellada por un camión en un accidente de tránsito en 2007.

Por esa causa, Dalbón logró que la Justicia le diera la razón a la familia de la mujer y ordenó que una compañía aseguradora abonara la cifra récord de 2 millones de pesos.

Desde que el Oyarbide comenzó a investigar la ruta de los medicamentos adulterados, el jefe del gremio La Bancaria, Juan José Zanola, se encuentra cada vez más complicado por su presunta relación con Lorenzo, quien a su vez fue vinculado al ex funcionario del Ministerio de Salud bonaerense, Alberto Costa.

También habrían otros diez sindicatos que posiblemente fueron clientes de la droguería San Javier.

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