"Me parecería muy honesto que Clarín exponga sus intereses", afirmó el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, sobre la nueva ley de radiodifusión que Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso esta semana.

El comentario tiene el sabor de las chicanas políticas: el gobierno identifica al Grupo Clarín como el principal opositor a la nueva normativa. "Todos sabemos que habla la empresa y no el medio objetivo e independiente" agregó el funcionario con ironía y sugirió que "lo que puede hacer la empresa es llevar su propuesta al Comfer sobre cómo tiene que ser esta ley".

"Lo importante es que (el diario) Clarín dé cuenta del proyecto, aun con sus posiciones -dijo-. El otro día vimos que no estaba en (su) tapa la votación en Diputados ni el proyecto de ley (sobre medios de comunicación)".

En declaraciones a Radio Del Plata, Mariotto recordó que hace 25 años que el debate en torno a la Ley de Radiodifusión no logra estado parlamentario y dijo que "la oposición es funcional a mantener el statu quo" para no perder los beneficios que puedan darle las empresas que se contraponen a una nueva normativa.

El interventor del Comfer afirmó que cuando el anteproyecto de ley del Servicio de Comunicación Audiovisual "vaya tomando estado público" con los foros de debate, "la participación le va dar a un respaldo a aquellos legisladores que históricamente se hicieron vulnerables a las presiones de los grandes grupos".

"Las empresas periodísticas tienen que ser empresas creadas a tal fin y no pueden tener posiciones dominantes en el mercado -objetó-. Lo más liberador del mapa de medios de concentración que hoy tenemos en Argentina, es generar leyes antimonopólicas fuertes".

La ley actual fue sancionada durante a última dictadura militar y permite la concentración. Mariotto remarcó la importancia de que una nueva ley garantice el derecho a la libre expresión, en tanto limite y regule el otorgamiento de licencias "para que ningún grupo se quede con todo en una misma área de cobertura".

Lo contrario, continuó, "sería monopolizar la palabra para uno solo y dejar afuera un montón de sectores". El funcionario destacó que el anteproyecto impulsado por el Gobierno se enmarca en "el respeto íntegro a los dictámenes internacionales sobre derechos humanos, garantizando el acceso a la información y el derecho a la información y la libertad de expresión".

"Que haya más posibilidades de servicios de cable y que haya una tarifa social con rango de ley en el proyecto, hace que disminuyan los precios del cable", comentó, y apeló a un ejemplo didáctico para una sociedad sensibilizada por el último aumento de tarifas.

"Si una persona o empresa tiene en una misma área de cobertura la distribución de las señales de cable, radio AM, FM, agencia de noticias y diario e incluso, empresas eléctricas o de agua, ningún gobernador puede resistir un aumento de tarifas", dijo.

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