Una clase de cultura andina para Oyarbide

“O salimos adelante o no avanzamos más contra el trabajo esclavo: no se puede decir que se trata de una tradición cultural de los pueblos originarios llamada ayllu”, dijo ayer el abogado Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga por los Derechos del Hombre (Fundlahh), cuando habló ante los camaristas Eduardo Farah y Eduardo Freiler para pedir que dejen sin efecto una resolución del juez federal Norberto Oyarbide.

A mediados de mayo Oyarbide sobreseyó a tres directivos de la empresa de indumentaria Soho acusados de contratar talleres de costura donde se empleaba a inmigrantes indocumentados en condiciones de extrema precarización laboral con el argumento de que ese modo de explotación sería herencia “de costumbres de los pueblos originarios del Altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría” de los trabajadores explotados.

Durante casi dos horas, los dos miembros de la Sala I de la Cámara Federal porteña escucharon los argumentos de Gustavo Vera, presidente de la Cooperativa La Alameda, de Yanzón, del cónsul general de Bolivia, José Alberto González, y del antropólogo Ricardo Abduca, quien explicó las especiales características del ayllu.

El 21 de mayo, los miembros del Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA sostuvieron que “es improcedente que un juez argentino, sin ninguna formación ni conocimientos sobre los sistemas sociales andinos que regulan y legitiman esas formas de organización social, los haya utilizado para justificar formas serviles de explotación de mano de obra”.

El documento firmado por todos los miembros Departamento de Antropología dice que “el sistema institucional y las prácticas que se le asocian exige una formación antropológica y sociológica de la que, evidentemente, el juez no dispone y revela un manejo arbitrario de los principios culturales de otros pueblos”.

Los talleres que Oyarbide consideró organizados sobre la base de la cultura aymará fueron denunciados por la Procuración General de la Ciudad en marzo de 2007 por presuntas violaciones al artículo 140 del Código Penal y varios artículos de las leyes 12.713, de Trabajo a Domicilio, y 25.871, de Migraciones.

Las actuaciones ocurrieron luego de que la Cooperativa La Alameda y la Unión de Trabajadores Costureros detectaran y comprobaran la existencia de una enorme red de explotación de trabajadores inmigrantes indocumentados. Por entonces la comuna denunció a las empresas Kowsef S.A. (Kosiuko), Check S.A. (Cheeky) y Gilmer S.A. (Soho) y en julio la amplió contra Unisol (PUMA), Fila Argentina (Fila), Distrinando (Lecop-Arena), Royal Denim (Bensimon), Alpargatas Calzados (Topper) y Le Coq Sportif.

Si bien hay casos que están en etapa de instrucción, la decisión de Oyarbide sobre los dueños de la empresa que comercializa la marca Soho desató la polémica, ya que se basó en un argumento que había sido utilizado por la Sala II, cuando Martín Irurzun y Horacio Cattani sobreseyeron a talleristas que habían sido procesados por el juez federal Ariel Lijo.

“Siempre dicen que tienen una fábrica, pero en realidad trabajan con un depósito a donde les llega la ropa confeccionada en talleres clandestinos, por eso pedimos que llamen a declarar a los dos delegados del lugar”, contó Vera. “Planteamos que el juez interpretó erróneamente toda la prueba que era suficiente para procesar a los dueños de la marca y por eso pedimos que las dos salas de la Cámara Federal celebren un plenario para fijar una posición unívoca, ya que no hay tiempo que perder: hay que investigar a las marcas y no quedarse en los perejiles”, sostuvo Yanzón.

Para los denunciantes la esperanza es que “exista alguna respuesta del Estado para cumplir con los compromisos internacionales que firmó y proteger a las víctimas”. Es un círculo vicioso: si nadie los protege, seguirán esclavizados, porque no van a poder declarar como testigos por miedo a pasarlo peor aún”.

El cónsul reclamó terminar con una mala interpretación

El cónsul general de Bolivia, José Alberto González, asistió a la audiencia para “terminar con una mala interpretación”. El diplomático encargado de mantener informado al presidente Evo Morales sobre este caso detalló que el ayllu es “una organización social de los pueblos originarios que rige hace cinco mil años”.

El 21 de junio la cultura aymará comenzó su año 5516 y, según explicó González, “el ayllu se basa en la ayuda mutua y la cooperación, no tiene nada que ver con un sistema de explotación laboral. Tampoco se relaciona con un patrón, porque los frutos que se generan en el trabajo se reparten entre todos, ya que nadie gana aprovechándose del resto. No se reduce a nadie a la servidumbre, e interpretar lo contrario es una falacia”, dijo.

Consultado por este diario sobre la cantidad de consultas laborales que recibe, contó que “todos los días llegan reclamos de ciudadanos bolivianos que se quejan de que no les pagan o los exponen a regímenes de trabajo de extrema explotación”.