Les salió el tiro por la culata

Los 20 policías de la comisaría 21ª entraron a los empujones y a los gritos, como si estuviesen por desbaratar una banda de secuestradores. Pero en el boliche Cero Consecuencia, de Palermo, sólo había unas cien personas que participaban de una fiesta privada gay y nudista. “¡Putos de mierda!”, insultó uno de los federales mientras los asistentes, aún desvestidos porque no les quisieron dar la ropa, eran requisados contra la pared, víctimas de burlas y vejaciones.

En el operativo, sin orden judicial, cortaron la música, cerraron el lugar por dos horas, prendieron las luces y corrieron las cortinas de las ventanas para exhibir a los humillados al barrio. Para el fiscal de Instrucción Jorge Ballestero, lo ocurrido el 18 de abril de 2006 se trató de una simple confusión policial. Por eso pidió el sobreseimiento de cinco de los policías individualizados en el hecho.

El dictamen, calificado de “homofóbico” por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), desató una polémica: el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, cuestionó esa medida por considerar que fue un operativo ilegal, con privación ilegítima de la libertad, que violó la Constitución Nacional y el Código Penal. Además, solicitó retomar la investigación. “Fue una razzia con los métodos de la dictadura.

El dictamen es homofóbico”, criticó Marcelo Suntheim, secretario de la CHA (ver aparte). “Ese día había ido a la fiesta a acompañar a un amigo. Después del atropello policial que mantuvo como rehenes a quienes estaban en el bar, uno de los cuales se escapó por los techos porque sus familiares no sabían de su condición sexual, logré salir a los empujones y les dije que el operativo era ilegal. Un policía me patoteó: ‘Puto de mierda, ahora tenés bolas. Adentro te cagaste todo’. Le respondí que tenía bolas adentro, afuera, desnudo y vestido. Todo fue humillante”, dijo Franco Pastura, profesor de filosofía que preside la agrupación gay Osos de Buenos Aires.

Además de cuestionar la actuación de Ballestero, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº 34, el fiscal Garrido, que investigó la denuncia en la etapa preliminar, le pidió al juez de Instrucción Roberto Ponce que citara a declarar a los cinco policías denunciados y que disponga un reconocimiento en rueda de personas o por fotografías de todo el personal que integraba la comisaría 21ª para determinar si en el hecho intervinieron más policías que los identificados. También se investigará si el objetivo de los federales era pedir coima a la dueña del lugar, quien denunció que ésa era una práctica habitual de la comisaría en los comercios de la zona. “Hay vecinos que lo confirman, pero tienen miedo de presentarse a declarar”, dijo una fuente del caso.

En su presentación ante el juez Ponce, que debe resolver sobre el pedido de sobreseimiento, Garrido calificó de “liviandad” el hecho de que para Ballestero no fue un procedimiento ilegal sino una confusión entre la comisaría y el juzgado en turno. “El personal policial obró en contra de directivas expresas. Disiento en forma absoluta con los criterios del agente fiscal. La conclusión a la que se arriba al solicitar el sobreseimiento no se ajusta a las evidencias colectadas, que dan por acreditados los hechos”, dice el escrito de Garrido al que tuvo acceso Crítica de la Argentina.

También aseguró que el fiscal “desconoce la interpretación doctrinaria y la dimensión de los preceptos normativos que protegen el domicilio y la intimidad en un estado de derecho”. Y califica de “equivocada” la afirmación de Ballestero, según quien “el derecho de admisión no resulta invocable para impedir el ingreso a las autoridades” porque en el boliche se cumplía una actividad comercial. Sin embargo, ese día el local estaba cerrado al público para una fiesta privada organizada por el grupo Los fiesteros, con acceso sólo permitido a los invitados.

Según reconstruyó el equipo de investigadores del fiscal Garrido, el martes 18 de abril por la madrugada la Policía recibió un llamado de un teléfono público ubicado en la esquina de la disco Cero Consecuencia, en Cabrera al 3700, que alertó que en ese lugar se vendía droga, denuncia que resultó ser falsa. Los primeros en llegar al lugar fueron el cabo 1º Orlando García y el suboficial auxiliar Miguel Ángel Luceno, quienes estaban de civil y entraron tras forcejear con el portero. Después entraron más policías, pero uniformados, entre ellos el comisario José Chamorro, el subcomisario Luis Ríos del Mónaco y los subinspectores Eduardo Gómez y César Rivas.

“Les infligieron a los presentes tratos vejatorios, degradantes y discriminatorios mediante insultos, malos tratos, escarnio. Los derechos individuales fueron avasallados”, estableció la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, según dice el dictamen.

Sin orden de allanamiento, la Policía entró, identificó a los presentes, les revisó la ropa y secuestró un balde de champagna lleno de preservativos, pese a que nadie lo había ordenado. “Si buscaban droga, tendría que haber intervenido un juzgado federal”, explicó Suntheim.

Según fuentes del caso, los cinco policías acusados de humillar y violar los derechos de los invitados a la fiesta gay ya no patrullan las calles de la ciudad para la brigada de la comisaría 21ª . Ahora trabajan en la Secretaría de Derechos Humanos de la Policía Federal.