Emergencia hasta el fin del mandato

El jueves por la tarde un fogueado legislador del oficialismo se preguntaba por qué el Gobierno no había enviado la prórroga de la Ley de Emergencia Económica junto con el Presupuesto 2010. En ese mismo momento, y después de haber conseguido –el día anterior– una preferencia que le permitirá llevar el tema al recinto de la Cámara baja este miércoles, el santafesino Agustín Rossi ponía en evidencia un verticalismo que le impide el ejercicio de la duda, y decía: “Creo que contamos con los votos necesarios para aprobarla”. No faltaron los que especularon con que para esa votación el kirchnerismo obtendría 132 votos.

Cuando muchos conjeturaban que Cristina Fernández de Kirchner gobernaría sin emergencia, la iniciativa aterrizó el martes pasado en la mesa de entradas de la Cámara baja. Mañana –después de una semana en el Congreso– el tema llegará a la Comisión de Presupuesto, donde el Frente para la Victoria asegura contar con 25 firmas sobre 49 dispuestas a acompañar el proyecto y habilitar su llegada al recinto.

La emergencia económica es una iniciativa que nació en la presidencia de Eduardo Duhalde en 2002 para poder renegociar contratos con las empresas prestadoras de servicios públicos privatizados y fijar tarifas. En esta ocasión, la Ley de Emergencia le permitirá al gobierno nacional avanzar con el canje de deuda, la última movida del ministro Amado Boudou. A diferencia de períodos anteriores, ahora Cristina pide la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2011, fecha en la que finaliza su mandato. La misma fecha que le impuso a la prórroga de la ley del cheque. El hecho deja en claro que, antes de perder la mayoría parlamentaria el próximo 10 de diciembre, los Kirchner –previsores y conservadores al fin de cuentas– arrancaron del Congreso todas las herramientas que consideraron imprescindibles para finalizar su gobierno con los menores sobresaltos posibles.

A diferencia de anteriores administraciones, tanto Néstor como Cristina Kirchner se sienten obligados a escribir, en los fundamentos de sus proyectos, argumentos que les den un sentido trascendente a sus medidas. Esto quizás aclara por qué en esta ocasión la explicación que dan para reclamar la prórroga de la emergencia económica se contradice de manera llamativa. Mientras aseguran que “la fortaleza del sistema financiero argentino no está en discusión”, que la balanza de pagos es positiva y que las finanzas públicas muestran un importante superávit, afirman que necesitan de esta medida por “la crisis internacional, con origen en Estados Unidos”.

En la misma sesión el oficialismo intentará aumentar el régimen del monotributo en un 80 por ciento. Los cambios afectaron a las categorías más bajas del sistema, un universo de aportantes cercano a los 700 mil inscriptos. El incremento muestra la necesidad de aumentar la recaudación y la obtención de recursos económicos. Los nuevos parámetros del sistema comenzarán a regir el 1 de enero de 2010. El kirchnerismo descontaba su aprobación ya que la mayor recaudación que obtendrá por el aumento fue incluida en el Presupuesto 2010.

OPINIÓN

ADN: Algunas precisiones para saber qué discutimos
Fernanda Gil Lozano (Diputada nacional, Coalición Cívica)

El miércoles pasado se trató en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional. Dicho proyecto tiene por objetivo habilitar la extracción/obtención compulsiva de ADN de presuntas víctimas. Pero no se trata sólo de presuntas víctimas de supresión de identidad o de supresión de identidad como consecuencia de crímenes de lesa humanidad. Por el contrario, al ser un agregado al Código Procesal Penal, abarca la obtención de pruebas de todo tipo de delitos. Por tanto, se produce aquí una primera confusión en los términos del debate que hay que despejar: el proyecto no refiere ni acota el universo a las víctimas de desaparición forzada.

Pero existe una segunda confusión también sumamente importante. Y es que el proyecto sí posibilita al juez extraer compulsivamente a la víctima su ADN. Esto queda establecido en el quinto párrafo cuando dice “a tal efecto, si la víctima se opusiera a las medidas indicadas en el segundo párrafo, el juez procederá preferentemente del modo indicado en el cuarto párrafo”, es decir, obtención por requisa personal y allanamiento de morada para conseguir una prenda o artículo de uso personal en el que puedan haber quedado muestras de ADN de la presunta víctima. Al decir preferentemente, lo que se está diciendo es que queda a criterio del juez cómo va a obtener el ADN, y no a voluntad de la víctima. Así, si la víctima se opone, el juez puede obligarla o bien a que se saque sangre (extracción), o bien a que le entregue una prenda íntima (obtención). En ambos casos, ante la negativa de la presunta víctima, se está habilitando siempre el uso de la fuerza y la intervención para ello de alguna de las fuerzas de seguridad, quizás hasta de las mismas instituciones que secuestraron a la víctima o a sus padres.

Así como sostengo que el Estado tiene la obligación de administrar justicia, entiendo –y en esto diferimos con el proyecto del Poder Ejecutivo– que no debe hacerlo a cualquier precio ni de cualquier modo. Mucho menos cuando el costo lo va a pagar la víctima.

Nadie duda de que aquí hay muchas víctimas: la persona que fue secuestrada, la persona a quien se le sustituyó su identidad y, por supuesto, los familiares biológicos que buscan a sus seres queridos. Es evidente que esto genera una tensión y confronta derechos. Pero no podemos caer en el simplismo de creer que un agregado a un código resuelva esta tensión. Mucho menos podemos olvidar que nuestra decisión va a afectar a personas que no son sólo una muestra de ADN. Son seres humanos que sienten, como todos nosotros. Entonces pregunto, para buscar la verdad, para saber dónde están nuestros seres amados, ¿lo único que podemos hacer es enfrentar a víctima contra víctima? Obligar a que una víctima que no quiera sacarse sangre deba tolerar ser apresada por las fuerzas de seguridad o violentada en su casa mediante un allanamiento ¿es la mejor forma que tenemos para poder llegar a la verdad? Espero que no sea así y que recordemos que el derecho a la identidad es eso: un derecho y no una obligación. Y en tanto derecho y no obligación, nos asiste, como seres humanos, la decisión de querer saber quiénes somos o no quererlo.

Mi compromiso con la defensa de los derechos humanos es inclaudicable y, a riesgo de equivocarme, entiendo que no aceptar que el Estado pueda convertirse en dueño de lo más íntimo que tenemos como personas (que no es sólo el ADN sino nuestra voluntad), más que contradecir mi compromiso lo refuerza. Y como ya lo he dicho en muchas oportunidades, no podemos seguir sosteniendo que los problemas que tenemos como sociedad se resuelven con agregarles o quitarles letras a los códigos. Se necesita mucho más que eso, y espero que así lo entendamos alguna vez todos los que luchamos en contra de las violaciones a los derechos humanos.