El Gobierno vuelve a intervenir en Kraft

Tras dos semanas de silencio, el Gobierno retomó ayer su intervención en el conflicto en la fábrica ex Terrabusi al intimar a la compañía a pagar los salarios adeudados a todo el personal. Los directivos de Kraft Foods Argentina no habían abonado la primera quincena de septiembre a los casi tres mil operarios con el argumento de que la planta permanece paralizada desde el 18 de agosto, cuando la empresa despidió a más de 150 empleados. Los trabajadores volvieron a cortar ayer la Panamericana a la altura de General Pacheco, en este caso por unas ocho horas. La Presidenta se reúne hoy con empresarios norteamericanos en Nueva York y no se descarta alguna gestión para destrabar la situación.

Fuentes cercanas a la compañía dijeron que del total de cesanteados, más de 50 se habían desvinculado con arreglos económicos. El conflicto cumplió más de un mes con la planta de Pacheco ocupada por los despedidos y con asambleas en cada turno en las que el personal vota continuar con la huelga. Ayer la empresa intentó retomar la producción por la tarde pero una nueva asamblea se pronunció en contra.

La intimación de la cartera laboral fue interpretada como una señal de reinicio de las negociaciones. Dos semanas atrás el Ministerio había dado por terminada su intervención al no prorrogar una conciliación obligatoria que estuvo en vigor por quince días. El diálogo continuaba ayer cortado entre la empresa y la comisión interna, que no responde al sindicato de la alimentación. Una convocatoria a discutir con los delegados fue anulada por los directivos de Kraft por el nuevo corte en la Panamericana. La interrupción del tránsito comenzó poco antes de las 7 en la mano en dirección a la Capital Federal, y quince minutos después se extendió a los dos sentidos. La medida de fuerza, que generó colas de más de 10 kilómetros a la altura de Henry Ford, finalizó cerca de las 15. En paralelo, estudiantes universitarios cortaron el tránsito por la mañana en el cruce de las avenidas Corrientes y Callao.

Jorge Penayo, uno de los delegados del personal, se quejó de la inacción de los gobiernos nacional y provincial a pesar de las medidas de fuerza. “A partir del viaje de la presidenta Cristina (Fernández) a Estados Unidos queda claro por qué nos soltó la mano y no se extendió la conciliación. Ella sabía que en su viaje se iba a juntar con inversores y quiso dejar una imagen que les gustara”, acusó Penayo. La extensión del conflicto pareció ser funcional al desgaste de los cesanteados. Ayer cerca de la empresa dijeron que de los casi 150 despedidos había “más de 50” que habían arreglado su desvinculación con indemnizaciones. El número varió según el informante: mientras el jefe del sindicato, Rodolfo Daer, dijo contar con datos extraoficiales de “alrededor de 80” arreglos, los delegados del personal calcularon en 40 el número de indemnizados.

Daer cuestionó la representatividad de los delegados de la fábrica: “En la votación del turno tarde hubo una abrumadora mayoría de gente que quiere volver a trabajar. La comisión interna no tiene ningún tipo de respaldo”, denunció.