Un golpe al corazón del poder multimediático

Ayer, mientras el diario Clarín celebraba un nuevo aniversario de su fundación con un brindis en el cuarto piso de su edificio, el Gobierno mandaba al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales. De aprobarse, el texto modificará las reglas que rigen la distribución de las frecuencias de radiodifusión desde hace 30 años, y perjudicará, sin posible retorno, la concentración de medios del grupo mediático más grande del país.

Las razones del desencanto se podrían contar en pérdidas millonarias de negocios y, peor aún, en el ingreso de nuevos y poderosos jugadores al mercado de las telecomunicaciones al habilitar la participación de empresas de servicios públicos al negocio de la televisión por cable.

El proyecto de ley fue una promesa que Néstor Kirchner se encargó de mantener pendiente durante toda su gestión, a tono con las buenas relaciones que mantenía con Clarín. Declarada la enemistad, la llegada del proyecto al Parlamento será el escenario de la batalla más explícita entre los dos bandos.

Del lado de los medios no estará sólo Clarín. Los párrafos de la nueva norma –que, entre otros objetivos, busca democratizar la distribución del espectro radiofónico– dejarán también fuera de la ley a varios grupos empresarios como es el caso del holding Vila-Manzano. ¿Dónde están los cambios que afectan su actual situación? Hasta ahora, una sola persona podía tener hasta 24 licencias de televisión abierta y radio y no había ningún límite para la suma de licencias de servicios complementarios como el cable. Ese límite fue ampliado por Carlos Menem por pedido de los grandes grupos. Hasta entonces el límite máximo era de cuatro licencias por empresa. Con la nueva regulación que pretende el kirchnerismo, el tope será de diez licencias para televisión abierta y radio. Además, quien tenga televisión abierta no podrá tener cable y ningún prestador estará habilitado para tener más del 35% del mercado. Así, de prosperar la votación en el Congreso, las condiciones de funcionamiento del multimedio que encabeza Ernestina Herrera de Noble serán todas irregulares.

Por un lado, no podrían mantener el emporio Cablevisión-Multicanal que luego de la fusión copó el 80% de la torta de clientes del cable. La nueva ley prevé que sólo otorgará una licencia por propietario. O sea, que no sólo deberían desprenderse de una de las dos compañías sino que también les correspondería reducir radicalmente el porcentaje de sus abonados. La fusión también está en camino a ser objetada por el Gobierno por sendas administrativas.

Con el objetivo de ampliar la heterogeneidad en la producción de contenidos, el proyecto establece que los operadores de cable sólo pueden tener una señal propia. Es decir, acepta que el negocio de los servicios de suscripción pueda dividirse en tres operadores principales, pero no así los contenidos. En palabras claras, Clarín debería elegir si quiere quedarse con TN o con Volver o con algunas de todas las señales que tiene en el aire de la televisión privada. El problema se complejiza aún más si se toma en cuenta que de querer continuar con el negocio del cable, no podría hacerlo con el de la televisión abierta. Es decir. O canal 13 o Multicanal. Los dos juntos sería ilegal.

El nuevo panorama también suma nuevos jugadores. Los licenciatarios de servicios públicos pueden participar de los servicios de radiodifusión, un derecho que ahora está prohibido. De esta manera, las telefónicas podrán entrar al mercado del triple play, habilitando que una misma empresa ofrezca televisión, internet y telefonía. Este punto es uno de los más criticados por la oposición porque, a pesar de que el proyecto establece controles, nadie puede garantizar que los gobiernos de turno no se conviertan en ejecutores de presión sobre compañías que presten servicios públicos –por ende dependen de la relación con el Estado– y que además tengan un canal de televisión. La disputa acaba de empezar.

Marcha y festejo kirchnerista

Organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones kirchneristas se movilizaron ayer en apoyo al proyecto de ley de servicios audiovisuales presentado por Cristina Fernández de Kirchner. Se concentraron en la Plaza de Mayo y luego marcharon hasta el Congreso Nacional. Según la agrupación encargada de la organización, Comunicación y Política para el Proyecto Nacional, unas 20.000 personas integraron la caravana, que incluyó al líder de la CTA, Hugo Yasky. Los intelectuales del grupo Carta Abierta señalaron en un comunicado que acompañarían la entrega del proyecto de ley “para sumarnos a una vigilia permanente hasta que la ley sea aprobada por el Congreso”. Estuvieron también el Partido Comunista, el Humanista y movimientos sociales de izquierda, que festejaron y cantaron con bombos y banderas bajo el sol del mediodía.

OPINIÓN

La mentira y la prueba de la democracia
Damián Glanz

La Presidenta rubricó su batalla por la “libertad de expresión” y el “derecho a la información” con una mentira. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no es –como dijo ayer la jefa de Estado– el único que en 26 años de democracia envió al Parlamento un proyecto de Ley de Radiodifusión. Fernando de la Rúa remitió una iniciativa al Congreso en abril de 2001 y también lo intentó Raúl Alfonsín sobre el final de su mandato. Aunque a Fernández le pese la falta de originalidad, hay otro rasgo que la liga a esos dos presidentes: todos formalizaron sus deseos por alterar el mapa del poder mediático en momentos de debilidad y crispación política.

Pocos días después del levantamiento carapintada de Semana Santa, y cuando Juan Vital Sourrouille redactaba el Plan Primavera, el Consejo de Consolidación de la Democracia finalizó el proyecto que había encargado Alfonsín. El gobierno radical terminó antes de que se abriera el debate. El mismo día que el otrora secretario de Medios Darío Lopérfido y el ex interventor del Comfer Gustavo López –actual subsecretario general de la Presidencia– dieron a conocer la iniciativa de De la Rúa, el gabinete intentaba contener la crisis financiera con el reemplazo del titular del Banco Central, Pedro Pou, por Roque Maccarone.

Los Kirchner salieron a la arena durante la crispación de la guerra gaucha y lanzaron su golpe más fuerte en la debilidad poselectoral, convencidos de que son los medios, y no la oposición, sus enemigos. Y habían gozado como ninguno de sus antecesores de las mieles del pacto de convivencia con el poder de prensa. Ese vínculo fue recompensado en los inicios de la era K con la promulgación de la Ley Clarín, luego con la prórroga de las licencias de los canales de aire y finalmente con la autorización de la fusión Cablevisión-Multicanal.

El envío del proyecto al Parlamento como reacción al divorcio es una demostración de que detrás del texto no descansa el declamado interés por democratizar la palabra, sino de controlarla. Para demostrarlo basta un ejemplo del presente: la actual gestión del Comfer autorizó que Electroingeniería, contratista oficial y empresa de servicios públicos, adquiera Radio del Plata contraviniendo la norma vigente que prohíbe que compañías de servicios públicos sean propietarias de medios. Ni Cristina, ni su marido, ni los presidentes anteriores hicieron nada en favor de la radiodifusión: al contrario, pasaron por alto las pocas restricciones que la infame ley de la dictadura previó para evitar la concentración del espectro radioeléctrico.

La Presidenta advirtió que con el debate su proyecto “se va a poner a prueba la democracia”. Pero como Alfonsín y De la Rúa será su propio poder lo que Cristina Fernández pondrá en juego.