Gatillo fácil y violenta represión en la Villa 31 de Retiro

21.08.2009

El suboficial, buzo de la Prefectura Naval Argentina, frenó con su auto ante un semáforo en rojo, a dos cuadras de la Villa 31 de Retiro. Era de noche. Cuando estaba por arrancar, dos chicas se le acercaron hasta la ventanilla, supuestamente para asaltarlo, según presumen los investigadores. El prefecto, identificado como Luis Luque, les disparó a quemarropa con su arma reglamentaria: mató a una de ellas de dos tiros en el pecho y la otra recibió una herida en un ojo. Estaba embarazada y, por el shock, perdió a su bebé. La vida del prefecto nunca corrió peligro porque las jóvenes no tenían un arma de fuego. Se sospecha que le apuntaron con dos palos atados a un caño que simulaban ser dos pistolas. La víctima, Mabel Guerra, tenía 17 años.

Según la versión de los familiares de las chicas y de algunos testigos, las víctimas no quisieron robarle. Denunciaron que fue un caso de gatillo fácil. Luque quedó detenido y fue separado de la fuerza en forma preventiva: está imputado por homicidio. Indignados por el crimen, los vecinos y familiares de la chica asesinada se enfrentaron a pedradas con efectivos de Prefectura: prendieron fuego neumáticos, quemaron una oficina, destrozaron un auto, cortaron la calle y hasta tiraron bombas molotov. Fueron reprimidos con gases lacrimógenos. Hubo cinco detenidos y 15 prefectos heridos, según fuentes policiales.

Luque tiene 38 años. Quedó arrestado en una dependencia de la Policía Federal. “Me quisieron asaltar. Pensé que estaban armadas”, dijo a sus superiores. Cuando se encontró con las dos chicas, poco después de las 23 del miércoles, en la avenida Castillo y la calle 12, iba hacia su trabajo vestido de civil. Les disparó a quemarropa y después les avisó a sus jefes. Un vecino llamó al 911. Mabel Guerra llegó muerta al hospital. Su amiga, Gianina Lobos, de 21 años, quedó internada en el Hospital Fernández, fuera de peligro. Tiene una lesión en el ojo izquierdo, producto de un roce o una esquirla. Es madre de dos hijos.

“Mi hija no era una chorra. Encima que me la mataron, nos reprimen”, se quejó la madre de la chica, Roxana Guerra, con un hilo de voz, después de que durante la represión los prefectos la agarraran de los pelos. Los vecinos y los familiares de Mabel, alrededor de 50 personas, reclamaron justicia por su muerte. Cortaron la calle Ramón Castillo a la altura de la terminal 5 del Puerto de Buenos Aires, donde hay un puesto de Prefectura y un helipuerto. La Guardia de Infantería de la Policía Federal y Prefectura pusieron un vallado y reprimieron con gases lacrimógenos las piedras que les tiraban los manifestantes. La policía detuvo a cinco manifestantes (después fueron liberados por el juez federal Norberto Oyarbide) y 15 efectivos fueron lastimados, aunque sufrieron heridas leves.

“A medianoche, un prefecto que trabaja como buzo autónomo se dirigía a su trabajo en la Dársena F de Puerto Madero. Paró en un semáforo en la avenida Castillo, un lugar con poca iluminación. Fue abordado por dos chicas a cada lado del auto, que lo amenazaron, aparentemente, con armas de puño. El suboficial extrajo su arma y efectuó dos disparos. No sabemos si dio la voz de alto”, dijo el prefecto general Juan Alfredo Rempel. Pero los investigadores desmintieron esa versión oficial porque comprobaron que las chicas no estaban armadas.

“No estaban robando; caminaban cuando el suboficial se bajó de su Fiat Palio, tiró a matar y huyó”, aseguró una hermana de Mabel.

“El prefecto pensó que las dos chicas tenían un arma, aunque en realidad llevaban dos palos de madera pegados con cinta adhesiva a un caño pintado de negro. No eran armas tumberas porque no disparaban. Simulaban ser pistolas. El hombre pensó que su vida corría peligro. Estaba oscuro. Sacó su arma y disparó. Se le fue la mano. Pudo haber sido un exceso de legítima defensa”, dijo una fuente de la Policía Federal Argentina.

El suboficial quedó detenido a disposición de la jueza de instrucción Fabiana Emma Palmaghini. Quedó imputado por homicidio y tentativa de homicidio. Su situación procesal dependerá de lo que entienda la Justicia. De acuerdo con la investigación, disparó pese a que su vida no corría peligro. Por eso no hubo legítima defensa. “Ni siquiera hubo exceso en la defensa, porque las chicas no estaban armadas. Nunca tuvieron el dominio del hecho”, dijo una fuente de la investigación.

“Absolutamente fue un caso de gatillo fácil. La pena máxima que corresponde en estos delitos es la de cadena perpetua”, dijo la titular de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial), María del Carmen Verdú.

“Cuando me avisaron, salí corriendo, y mi hermana estaba tirada en el piso toda llena de sangre. Le tiraron a matar. Les grité a los canas que estaban ahí ‘ustedes la mataron, ustedes la mataron’. Se quedaron mudos y no me dijeron nada. Mi sueño es irme de la villa”, dijo una hermana de la víctima.

Cuando se enteraron del crimen, los vecinos y los familiares de las chicas les pidieron a los policías que les mostraran las “armas” de las jóvenes. Pero nadie se las mostró. “En mi casa no había ningún fierro tumbero”, dijo la madre de la chica.

Un delegado de la Villa 31 se quejó porque los investigadores criminalizaron a las chicas: “En el lugar no se encontró nada. Fue un caso de gatillo fácil. A los chicos se los tildan de drogadictos y la semana pasada un prefecto le rompió el tabique a un pibe. Los padres no tiene recursos para contratar abogados y queda todo en la nada. Es más fácil acusar a un chico pobre que a un suboficial”.

“La muerte tocó la puerta de mi casa y se llevó a mi negra”, dijo la mamá

Hortensia, la hermana de Mabel, tiene 12 años. Está congestionada de tanto llorar. Tiene el mismo sueño que tenía Mabel: irse de la Villa 31. Agarra la foto de su hermana, la mira y moquea. “Mabel no manejaba su cabeza, su cabeza la manejaba a ella”, dice la nena, mientras se escucha la explosión de las bombas lacrimógenas. “Tomaba pastillas porque sentía bronca del lugar donde vivimos”.

Mabel no quería tomar más Rivotril. Pero no podía parar: conseguía recetas truchas y compraba pastillas. “La quería internar o mandarla a Jujuy a la casa de mi familia. Quería que se salvara. No entiendo cómo en una farmacia les venden pastillas a los menores. Acá adentro hay gente que vende droga”, dice Roxana, su madre que trabaja todo el día limpiando casas. Mabel vivía en una casa de material con Roxana y dos hermanas. Ella era la más grande. Iba al colegio La Banderita, que queda en los alrededores de la 31, pero había abandonado. Escuchaba cumbia colombiana. Hortensia cuenta que Mabel entraba y salía de la casa cada cinco minutos; se preocupó porque el día que la mataron había salido a la tarde y no regresaba. Recién a las 11 de la noche la vio tirada en la calle llena de sangre.

“La muerte tocó la puerta de mi casa y se llevó a mi negra. La semana pasada la soñé muerta, me desperté de un salto. La fui a buscar a su cama y la vi durmiendo”, dice Roxana, mientras toma un sorbo de café con leche que le acercó un vecino.

Roxana tuvo a Mabel a los 15 años. La mujer tiene 33 y hace más de 20 años que vive en la 31. “Me quiero ir pero es muy difícil. Mi hija cuando se drogaba se perdía, no me miraba a los ojos”, finaliza la madre.

Otros casos de prefectos homicidas

El 12 de mayo de 2009 un suboficial de la Prefectura Naval mató a un ladrón en la localidad de Villa Obrera, en el partido de Lanús. El asaltante robó 300 pesos de un supermercado y cuando estaba huyendo el prefecto disparó varias veces y le dio en la espalda.

En 2003, el prefecto Bernardino Luque disparó con su arma reglamentaria arriba de un colectivo durante un intento de robo en Dock Sud y mató a Damián Rosende, un joven de 18 años, quien iba hacia la facultad y estaba durmiendo.

El 27 de mayo de 2000, el suboficial Jorge Salinas mató de un tiro en la frente a Héctor Coria, un joven de 17 años. La víctima y sus amigos habían salido de bailar de un boliche del barrio de Once. Cuando pasaron por la garita del prefecto patearon una bolsa de basura. Coria insultó a Salinas y éste le disparó un tiro con su arma reglamentaria. Lo primero que declaró fue que había disparado al aire, asustado porque le estaban tirando piedras. Un año después fue condenado a una pena de diez años de prisión.